Cinco años de la Convención en España

DOWN ESPAÑA trabaja para que se garantice el cumplimiento de este texto legal en todos los ámbitos de la vida.

El pasado 3 de mayo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad cumplió cinco años desde que nuestro país la ratificara en 2008. Desde entonces, es parte del ordenamiento jurídico español pudiendo recurrirse ante las autoridades políticas, judiciales y administrativas del Estado.

A través de sus 50 artículos, la Convención recoge todos los derechos de las personas con discapacidad, en ámbitos como el civil, el social, o de acceso a la educación, salud y empleo. 155 países han firmado ya este texto legal que busca promover la inclusión social del colectivo en todos los ámbitos.

La Convención puede descargarse desde este enlace.

DOWN ESPAÑA y la Convención

Desde su entrada en vigor, uno de los objetivos prioritarios de DOWN ESPAÑA ha sido dar a conocer y difundir este texto legal entre la población española para que se reconozcan y respeten los derechos de las personas con síndrome de Down.

Si bien es cierto que se han logrado grandes avances en los últimos años, aún siguen produciéndose vulneraciones a los derechos más fundamentales. DOWN ESPAÑA ejerce un papel activo en la denuncia pública de estas situaciones que atentan gravemente contra la plena inclusión social del colectivo. Casos como el sucedido el pasado mes de marzo en Sabadell, cuando se prohibió la entrada a una discoteca a un grupo de jóvenes con síndrome de Down contraviniendo al artículo 5 de la Convención, que prohíbe “toda discriminación por motivos de discapacidad”.

La Federación trabaja intensamente para que las personas con discapacidad y su entorno sean conscientes de que cuentan con un instrumento que reconoce plenamente sus derechos. Por ello, DOWN ESPAÑA edita la Guía de La Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad vista por sus Protagonistas (2010). Este documento pionero a nivel internacional, supone un hito histórico pues son las propias personas con síndrome de Down las que analizan en primera persona artículos de este texto legal fundamental para sus vidas. En su elaboración participaron más de 100 jóvenes con síndrome de Down, dos de los cuales la presentaron en la sede oficial de Naciones Unidas, en Nueva York. Esto constituyó la primera comparecencia de personas con síndrome de Down ante este organismo.

Desde el año 2008 DOWN ESPAÑA defiende y da visibilidad a estos derechos a través de distintas iniciativas. En 2011 la organización difundió en más de 40 cadenas de televisión la campaña "Es de Ley", compuesta por tres anuncios, en los que se abordaban tres derechos fundamentales de la Convención: derecho al trabajo; derecho a la igualdad y a la no discriminación; y derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad.

En el ámbito laboral DOWN ESPAÑA reivindica, tal y como reconoce el artículo 27 de la citada ley, el “derecho de las personas con discapacidad  a trabajar en igualdad de condiciones con las demás”. Así, nacen campañas como la lanzada con motivo del Día Internacional del Trabajo, con la que se pretendía animar a los empresarios españoles a que diesen una oportunidad laboral a las 23.000 personas con síndrome de Down que buscan trabajo en nuestro país. En estos momentos DOWN ESPAÑA está reclamando al Gobierno que ponga recursos y promueva el Empleo con Apoyo, como la única fórmula de inserción laboral que permite una verdadera inclusión de las personas con discapacidad, frente a otras modalidades laborales en entornos protegidos, que segregan a este colectivo y les impiden llevar una vida normalizada.  

El acceso a la información y la cultura es otro de los ejes prioritarios para lograr la plena inclusión. Por ello, DOWN ESPAÑA trabaja en la elaboración de materiales en Lectura Fácil, adaptados al nivel curricular y a la comprensión lectora de las personas con síndrome de Down, para mejorar la accesibilidad al entorno educativo, laboral y de ocio.

Para DOWN ESPAÑA la defensa de los derechos recogidos en la Convención es un asunto de máxima prioridad, por lo que seguirá instando a que se hagan efectivas sus disposiciones y para que España cumpla rigurosamente con el compromiso que adquirió como país firmante hace cinco años.


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