No es habitual, pero tampoco extraño, el que en DOWN ESPAÑA recibamos llamadas o correos de personas que nos informan de que en algún lugar de nuestro país se ha producido una discriminación a una persona con síndrome de Down por motivo de discapacidad.

Suelen ser familiares o allegados que buscan orientación. En la mayoría de los casos se sienten vulnerables e indefensos ante una situación que viola derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Se sienten frustrados y cansados de luchar por algo que debería ser de obligado cumplimiento.

“No dejan entrar a mi hermana a una piscina pública”, “a mi hija no la admiten en clase de Pilates”, “el colegio me deriva a un centro de educación especial cuando yo quiero que mi hijo esté con alumnos sin discapacidad”,… Muchas de estas situaciones ocurren en el entorno cercano de la persona con síndrome de Down. Aunque debería acogerles, paradójicamente es donde se producen la mayor parte de las discriminaciones.

En los últimos años, DOWN ESPAÑA ha denunciado públicamente varios de estos casos. La discoteca Puzzle de Sabadell, el pub Basic de Alicante o la cadena ZT Hoteles, negaron el acceso de grupos de personas con síndrome de Down a sus instalaciones. Siempre se escudaron en razones para argumentar la discriminación. “Los grupos como el vuestro deben avisar con antelación para que les reservemos una sala aparte”, ese fue el motivo por el que la discoteca Puzzle les negó la entrada. “Os hemos confundido con otro grupo de personas con discapacidad que nos causó problemas con anterioridad”, argumentó el Cabogata Plaza Suites de Almería –de la cadena ZT Hoteles- para impedir la reserva de varios jóvenes con síndrome de Down que querían disfrutar de unos días de relax en sus instalaciones. En el caso del pub Basic de Alicante la situación fue aún más dolorosa: obligaron al grupo a salir del local una vez estaban ya disfrutando de un rato de ocio. En estos tres casos, el grupo de afectados y sus familias decidieron unirse y denunciar el caso ante la Fiscalía de su localidad.

El dueño del Pub Basic fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 7 de Alicante con la inhabilitación especial para el ejercicio de la hostelería. Por su parte, los incidentes ocurridos en la discoteca Puzzle de Sabadell y en el Cabogata Plaza Suites, aún están pendientes de resolución. La Fiscalía ha admitido a trámite ambas denuncias y están a la espera de sentencia. Estos tres casos comparten un factor determinante: la discriminación se hizo en presencia de testigos. Además, en el caso del hotel, se disponía de una contestación por escrito.  

¿Pero qué hacer cuando se produce una discriminación y no hay testigos?

Es prioritario obtener alguna prueba que nos permita justificar que efectivamente existió discriminación,  ya sea llevando testigos, o solicitando contestación por escrito de la negativa a admitir a la persona en determinada actividad, servicio, etc. Por tanto, ante estas situaciones es fundamental mantener la calma y preguntarse ¿cómo puedo yo probar que esto está ocurriendo y poder aportar así pruebas de lo ocurrido?

Una vez confirmadas las pruebas (personales o documentales) el siguiente paso sería informar a la asociación local (si se pertenece a alguna entidad de síndrome de Down). En caso contrario, es posible ponerse en contacto con DOWN ESPAÑA para informar de lo ocurrido aportando las pruebas que tengamos.

Este paso permite dos avances:

1º confirmar ante terceros nuestra percepción de que efectivamente estamos ante un caso de discriminación (es importante una ratificación ajena y neutra que nos indique que nuestra apreciación personal del caso es razonable y está avalada por otras personas)

2º) conseguir la interlocución y apoyo de una organización representativa de las personas con síndrome de Down, que facilite la mediación y la difusión del caso cuando vaya a ser necesario.

El siguiente paso (una vez asegurados los hechos y contrastados ante terceros) es muy importante: contactar y dirigirse a la Fiscalía de la provincia más cercana, para informar de los hechos, solicitar apoyo y asegurar que la Fiscalía confirma nuestro dictamen de que estamos ante un caso de discriminación, investigable y punible por el propio sistema judicial. En esta situación, habrá llegado el momento de ejercitar o no el derecho de denuncia pública con todas las consecuencias (denuncia ante la Fiscalía, denuncia pública ante los medios de comunicación, movilización social de apoyo si así fuera necesario).

Por último, conviene plantearse el importante efecto de reivindicación social y de aprendizaje colectivo que subyace bajo una denuncia pública de discriminación por motivos de discapacidad. La labor de conocimiento y presión social puede ser clave –no tanto para resolver unos hechos que ya han sucedido- si no para evitar que puedan repetirse, tanto con los mismos actores como en otras circunstancias similares.