DOWN ESPAÑA considera que la sentencia del Tribunal Supremo que declara nulo el Real Decreto 535/2013 por el que se establece la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector de ámbito estatal atenta gravemente contra el sector social en España y condenará a estas entidades a su desaparición en un futuro cercano.

Las entidades de acción social estatales prestan un apoyo insustituible a las personas con discapacidad y sus familias. Es por eso que esta resolución judicial, de aplicarse, tendrá un efecto devastador en la situación de la población más excluida y con mayor necesidad de apoyo.

La realidad de las personas con discapacidad en España requiere de unas estructuras estatales de apoyo que coordinen, planifiquen, organicen y creen servicios destinados a cubrir las necesidades de los diferentes colectivos desde una óptica general, que asegure la implantación de programas que beneficien a estas personas con independencia del territorio en el que residan.

En opinión de DOWN ESPAÑA, no puede ponerse en duda que la política de solidaridad entre territorios establecida por el Real Decreto ha demostrado ser altamente beneficiosa, garantizando que la atención que reciben las personas con discapacidad en cualquier parte del territorio nacional sea los más igualitaria, justa y equitativa posible.

Ante esta gravísima situación que hace peligrar la estabilidad de un sector consolidado desde hace décadas, DOWN ESPAÑA pide a los poderes públicos que se comprometan para garantizar la continuidad de los proyectos sociales de las entidades nacionales del Tercer Sector.

El presidente de DOWN ESPAÑA, José Fabián Cámara, considera que “esta resolución judicial pone en riesgo la capacidad de apoyo y asistencia a las personas más vulnerables y necesitadas de nuestro país, algo que es completamente inaceptable. Un conflicto de competencias con las Comunidades Autónomas no puede derrumbar la red cívica de apoyo social que constituyen las organizaciones estatales del Tercer Sector. Desde DOWN ESPAÑA hacemos un llamamiento a que los diferentes actores implicados tomen acciones inmediatas de cara a solucionar esta situación”.

DOWN ESPAÑA junto con el CERMI y el resto de organizaciones sociales articuladas en torno a la Plataforma del Tercer Sector, desplegará toda la acción de presión e incidencia política necesaria para revertir esta situación que coloca al borde del abismo a la red cívica de apoyo social creada con tanto esfuerzo en los últimos 30 años en España.

Puedes leer la sentencia del Supremo en este enlace.

DOWN ESPAÑA profundiza en la sentencia y su impacto en el trabajo de la Federación

En opinión del gerente de DOWN ESPAÑA, Agustín Matía, la sentencia del Supremo es clara, y supone que el régimen administrativo de subvenciones estatales (y del IRPF cuando llegue la próxima sentencia) existente hasta ahora, ha muerto. Claramente la interpretación legal existente es que las competencias de asistencia social son sólo de las Comunidades Autónomas (se entiende que las entidades estatales son parte del sistema de asistencia social). Para cambiar esto habría que cambiar la Ley de Servicios Sociales y posiblemente también algún apartado de la Constitución Española. Por lo tanto, el Estado no puede utilizar la vía de recursos de las políticas o presupuestos de acción social para financiar las estructuras estatales.

•    La primera consecuencia de la Sentencia es que la convocatoria de subvenciones de Mantenimiento (Tercer Sector) en curso de este año 2015 está cancelada. Desde el CERMI se están buscando alternativas, junto con la implicación directa y de alto nivel del Gobierno para buscar una solución.

•    De no hallarse una solución la viabilidad de la estructura de DOWN ESPAÑA quedaría muy afectada y por lo tanto también la del movimiento asociativo que fomenta. DOWN ESPAÑA tendría que reducir mucho sus proyectos actuales, sede, personal, reuniones y funcionamiento,.., lo que llevaría al riesgo de perder gran parte de los logros y esfuerzos conseguidos tras muchos años de trabajo.

Matía indica que “el fondo del asunto está en el sinsentido que tiene un sistema que no permite funcionar y financiar proyectos y estructuras de ámbito nacional (estatal) y que se limita sólo a la gestión territorial (autonómica). Es una visión muy limitada de la acción social como si supusiéramos que sólo se ejerce intervención social directamente con la persona implicada: hay que entender que detrás de cada acción social hay debate, reflexión, conocimiento, publicaciones, materiales, formación, compartición de prácticas y conocimiento, campañas, diseño de proyectos, aprendizaje entre profesionales de distintos lugares, apoyo de expertos, coordinación, representación ante las instituciones y la sociedad, defensa colectiva de Derechos cuando estos se ven vulnerados en un caso personal, …,". Según Matía, "estos apoyos no pueden limitarse sólo en lo local y en lo regional, que eso es hacernos más pequeños y menos eficaces. Hacerlo así, implicaría además aceptar la falta de solidaridad entre unas organizaciones y otras (los mejor contra los peor preparados) y un apoyo diferenciado según regiones (los que estén en buena zona, los que están en peor región). Es un enfoque claramente insolidario, de falta de cercanía a la realidad social, y lejano a cualquier buen sentido de justicia social. El problema se puede hacer aún mayor al considerar lo que puede pasar en relación al sistema actual de Subvenciones IRPF".

“En los próximos meses”, dice Matía, “se espera una Sentencia en la misma línea (los argumentos jurídicos invocados, los títulos competenciales y las figuras administrativas utilizadas son similares) respecto a los Proyectos 0’7% IRPF.

De ser así, el dinero recaudado para proyectos de interés social tendría que ser derivado a las CCAA y que sean ellas las encargadas de gestionar, derivar, convocar subvenciones o utilizar en proyectos según su criterio, funcionamiento y decisión. El Gobierno repartiría el dinero recaudado a cada CCAA (no hay un criterio determinado pero lo lógico sería que fuese por recaudación en cada CCAA: esto beneficiaría mucho a Madrid, algo menos a Cataluña, a Baleares,…, y perjudicaría mucho a Canarias, Extremadura, La Rioja, Cantabria, Asturias,..).

•    En relación al año 2015 (ejecución 2016), el Gobierno está haciendo todo lo posible para que la Resolución de la Convocatoria se produzca ANTES de que se publique la nueva Sentencia.

•    Para el año 2016 (en adelante) no sabemos con seguridad en este momento qué opciones se pueden plantear, aunque este Gobierno se ha comprometido verbalmente a buscarlas, luchar por ello y evitar que esos recursos se territorialicen sin más. Es posible que las posibles soluciones trasciendan a este Gobierno y tengan que ser responsabilidad del siguiente, ante el poco tiempo que le queda a esta legislatura.

Si esta situación se confirma, DOWN ESPAÑA y nuestro Movimiento asociativo, tal y como lo conocemos ahora, dejaría de existir”, zanja tajante el gerente de la organización.

Matía recuerda que “lo más importante es, desde luego, la visión solidaria y global que permite tener y mantener Proyectos Sociales de ámbito nacional y equilibrar los mismos territorialmente, y que incluye las necesarias políticas de compensación de desigualdades. Este ha sido el gran logro político de los Estados de Bienestar Social desde hace 2 siglos, y sería una desgracia remar en dirección contraria por visiones demasiado locales”.

Por último, el gerente confirma que “el CERMI ya ha empezado a manifestarse en esa línea, y las principales organizaciones (COCEMFE, FEAPS, CNSE, ASPACE, SALUD MENTAL ESPAÑA, AUTISMO ESPAÑA,...) nos hemos comprometido a hacerlo. Ahora es el momento de hacer más que nunca un proyecto común, en línea con todo lo que hemos conseguido desde el año 1991 en el que nos constituimos como tal, con tantos frutos y avances como hemos ido logrando”.