Comienza el 2022 con la ilusión renovada de todo el movimiento social de la discapacidad española por seguir avanzando en el terreno de la garantía de los derechos y la inclusión de todas las personas con discapacidad. 

Esta ilusión no es una vana esperanza en que las transformaciones imprescindibles vayan a encaminarse solas como por arte de magia o gracia divina. La principal misión de las entidades representativas de la discapacidad en la sociedad española consiste, precisamente, en poner en juego el máximo de sus esfuerzos y desvelos por conseguir que una verdadera defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad forme una parte inescindible de nuestra cultura social, política, jurídica e institucional. 

Las personas con síndrome de Down en España y sus familias cuentan con una aliada excepcional como es DOWN ESPAÑA, una organización modélica por su inquebrantable compromiso con el objetivo de mejorar sus vidas. Dicho compromiso, no sólo se traduce en darles apoyo sino también en labores de formación para las personas con síndrome de down, sus familias, los profesionales y la sociedad en general. DOWN ESPAÑA también es reconocida y valorada por sus acciones de incidencia social, de toma de conciencia y de propuestas bien articuladas de normativa jurídica que sea idónea para producir una sociedad mejor, más decente e inclusiva.

CERMI, que en este año 2022 celebra su 25º aniversario, comparte con DOWN ESPAÑA una serie de valores que son los mismos que sustentan a la propia Convención de la ONU sobre los Derechos de los Personas con Discapacidad.  Sabemos que dicha Convención fue el resultado de un largo proceso, en el que participaron varios actores, entre los que tuvieron un papel fundamental las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, con una relevante presencia española. Desde el 3 de mayo de 2008, fecha en que entró en vigor en nuestro país, este instrumento jurídico ha generado importantes consecuencias para las personas con discapacidad, entre las que se podría destacar la visibilidad de este grupo ciudadano dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, la asunción irreversible del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, y el contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas personas.

Un aspecto vinculado con lo que significa la ratificación de la Convención por parte de España, que suele pasarse por alto pero que es crucial subrayar, es que este cuerpo normativo internacional forma parte plenamente del ordenamiento jurídico español y es por tanto exigible su cumplimiento ante los poderes públicos. 

Ahora bien, a nadie se le escapa la enorme distancia que existe entre las realidades jurídicas y las realidades cotidianas de las personas con discapacidad intelectual. Por ello, resulta esencial desarrollar una acción política representativa en defensa de sus derechos e intereses, tanto colectiva como individualmente. 

DOWN ESPAÑA, al igual que el CERMI, resultan ser eslabones clave para trasladar ante los poderes públicos, los distintos agentes y la sociedad, las necesidades y demandas de la discapacidad. Encauzando la representación, convirtiéndose en interlocutores referentes del sector, debemos luchar por hacer realidad la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la emancipación ciudadana de todas las personas con síndrome de down. 

El movimiento social español de la discapacidad ha mostrado ante el mundo un ejemplo de cohesión y unidad, siempre respetando el pluralismo inherente a una sociedad avanzada desde el punto de vista democrático, que ha logrado avances significativos. Sin ir más lejos, se puede mencionar aquí la reforma de la Ley Orgánica del Régimen General Electoral (LOREG) que sirvió para que las personas con alguna discapacidad intelectual puedan votar al igual que el resto de la ciudadanía; la reforma que consistió en la eliminación del párrafo segundo del artículo 156 del Código Penal que despenalizaba las esterilizaciones no consentidas o la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Estos avances e hitos de la democracia española, sirven para reconciliar a las personas con discapacidad intelectual y sus familias con el sistema político ya que llevaban muchos años luchando para que se produjeran. Sin embargo, en este nuevo año que comienza, es evidente que el movimiento asociativo de las personas con discapacidad tiene que seguir recorriendo el largo camino que queda para arribar a una sociedad de iguales, con respeto a la diversidad y que se tome en serio la plena inclusión.