Una vez más, estamos convocados a las urnas y afortunadamente, las personas con síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales participan también de este derecho y responsabilidad propio de una ciudadanía justa, igualitaria, digna y democrática. 

Desde el año 2018, gracias a la Ley Orgánica de modificación de la Ley del Régimen Electoral General (LOREG), todas las personas con discapacidad, sin exclusiones, pueden ejercer su derecho a voto. Hasta entonces, casi 100.000 ciudadanos/as que tenían modificada la capacidad jurídica, muchas de ellas con discapacidad intelectual, estaban privados del derecho de sufragio. 

Con este restablecimiento, visibilizamos y reivindicamos una vez más, la necesidad de promover una mayor presencia, la autorepresentación y la participación de todas las personas en los espacios de la vida cívica. 

El artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), instaba a los países firmantes a garantizar los derechos políticos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones. Esto supone una serie de compromisos para garantizar la accesibilidad de las campañas electorales, de los procesos electorales, de la participación en los partidos políticos, de la representación en los organismos públicos, etc; entornos y actividades que requerirán aumentar progresivamente su capacidad de adaptación a las necesidades y expectativas de estas personas.   

Paralelamente, todos aquellos agentes referentes en la orientación o acompañamiento de estas personas deberemos prestar o adecuar nuestros apoyos, no representando o sustituyendo, sino garantizando la máxima autonomía informada para que cada persona decida su intención de participación y/o de voto. 

En este sentido, las organizaciones que representamos los intereses y derechos de las personas con discapacidad debemos empoderar la voz y la autorepresentación de estas personas, empezando por el respeto a la libre opinión y al control de las propias decisiones. Solo de esta manera, se construye una verdadera plataforma para fundamentar su acción y papel social. Ello incluye la revisión de la accesibilidad de la estructura y el funcionamiento de estas organizaciones para garantizar una representación centrada en el “Nada de nosotros sin nosotros”.

Este año 2023, el Ministerio de Interior ha elaborado un protocolo que incluye instrucciones para que los miembros de las mesas electorales sepan atender los votantes con distintos tipos de discapacidad, especialmente la discapacidad intelectual, siempre respetando el carácter personal e intransferible del derecho al voto. 

Por otro lado, interventores y apoderados de los partidos políticos que supervisan el desarrollo de las jornadas electorales, deben prevenir cualquier situación de discriminación y garantizar la accesibilidad de las elecciones para las personas con discapacidad.  

En caso necesario y cuando se solicite, pueden proporcionar apoyo a personas que tienen dificultades para entender el proceso de voto: pasos a seguir, localizar la mesa electoral, las papeletas, etc, siempre respetando la autonomía personal, un trato digno y el respeto a la confidencialidad del voto.  

Estas estrategias deben ser informadas y también orientadas por las personas del entorno personal de estos votantes: familia, representantes legales (o mejor dicho apoyos a la capacidad jurídica), profesionales de apoyo de algunos servicios asistenciales, personas de confianza, etc, con el objetivo de aumentar la participación de estas persones en los procesos electorales, pero siempre garantizando el respeto a la autonomía personal y la confidencialidad, especialmente cuando las decisiones de voto sean muy distintas a las nuestra propias. 

Orientando el uso de estos recursos, estamos contribuyendo a mejorar la conciencia y accesibilidad de la información, del trato recibido, del diseño del proceso electoral. Simultáneamente, incidimos en la concienciación social de estos agentes de colegios electorales y los partidos políticos.  

Las personas con discapacidad intelectual también pueden ser elegidos para participar en una mesa electoral. Los requisitos son saber leer y escribir y tener entre 18 y 70 años. 

Encontrarse en una situación de discapacidad puede es ser motivo para excusarse, siempre a petición de la propia persona interesada o sus representantes legales. Por lo tanto, a priori, no es un motivo de exclusión y es un derecho que cada persona aceptará o rechazará según sus intereses y necesidades. 

En las últimas elecciones municipales de este año, el Centro Espanñol de Accesibilidad Cognitiva elaboró un Manual para las mesas electorales, que incluye informaciones e indicaciones, en formato lectura fácil para personas con discapacidad intelectual, para garantizar una participación efectiva en esta convocatoria y otras posteriores. 

Por último, la creciente participación de las personas con síndrome de Down en los distintos espacios públicos está permitiendo que en cada nueva convocatoria de elecciones de nuestro país, comprobemos su pertenencia en distintos partidos políticos y inclusión en las listas electorales. Prueba de ello, la vimos en la noticia de mayo ”Así son los cinco candidatos con síndrome de Down a las elecciones municipales”.

Confiamos que esta tendencia se vaya extendiendo al ámbito local, autonómico y nacional, aumentando una representación real y significativa de nuestro colectivo, como requiere una ciudadanía plena y accesible. Estos días tenemos una nueva oportunidad.