20-06-2013

Apoyos políticos para que toda persona con discapacidad pueda votar

DOWN ESPAÑA recomienda a las familias que no incapaciten judicialmente a sus hijos.

Durante las últimas semanas se han producido acercamientos a diversos grupos políticos con la intención de obtener su apoyo para acometer una reforma de  la Ley Electoral con un objetivo: que ninguna persona con discapacidad sea privada del derecho al voto.

La legislación electoral española vigente permite la posibilidad de que los jueces, en los procesos de incapacitación, priven del derecho de voto a determinadas personas con discapacidad.

Ha sido el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) quien recientemente ha accedido a reuniones con el Grupo Parlamentario Socialista (GPS) y con Convergencia y Unió (CiU) para acercarles la demanda del sector de la discapacidad de modificar la Ley Orgánica Electoral General para suprimir cualquier restricción del derecho de voto por motivos de discapacidad.

CiU

El portavoz adjunto en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados del grupo parlamentario de CiU, Jordi Jané, y la portavoz de Discapacidad de esta misma organización política, Concepció Tarruella, han confirmado el apoyo de su formación a esta petición común del sector de la discapacidad. CiU confirma su respaldo, y promoverá iniciativas parlamentarias para llevar este asunto a la agenda política y legislativa del Congreso.

Grupo Parlamentario Socialista

La petición al Grupo Parlamentario Socialista tuvo lugar en una reunión mantenida con representantes de esta formación, con Ramón Jáuregui, portavoz de la Comisión Constitucional del GPS, a la cabeza, y que se enmarca en la estrategia de persuadir a todas las fuerzas políticas con presencia parlamentaria para que asuman esta reivindicación del movimiento social de la discapacidad.

En las próximas semanas pueden darse nuevas reuniones con otros grupos políticos que acerquen el objetivo de acabar con la discriminación que la actual ley electoral tolera.

Contraria a la Convención

DOWN ESPAÑA recuerda que la actual regulación es contraria a la Convención Internacional de Naciones Unidas de los Derechos de Personas con Discapacidad, que establece en su artículo 29 sobre Participación en la vida política y pública, la obligación de los Estados Partes de "asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas". Resulta urgente la modificación de la Ley Electoral para desterrar esta discriminación por razón de discapacidad.

Se da la circunstancia agravante de que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en su informe sobre España de septiembre de 2011, instó a nuestro país a cambiar su legislación electoral por vulnerar el derecho a la participación política en plenitud de las personas con discapacidad.


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