En opinión de Cámara, con la eliminación del supuesto de malformación respecto al contemplado en la legislación de 1985, se cumpliría el requerimiento constitucional de respeto a los Derechos Humanos y la petición de revisión que había realizado Naciones Unidas a España en cumplimiento a la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad.

Cámara indica también que las reivindicaciones de DOWN ESPAÑA sobre la legislación del aborto eran las de eliminar los supuestos de discriminación por discapacidad y mejorar la información y apoyo a las madres embarazadas. "El primer aspecto sí se corrige; el segundo todavía se podría mejorar", asevera.

Por eso, dice que el Ejecutivo debería "ampliar y detallar" los apoyos económicos a la mujer embarazada, y "precisar" la coordinación y la labor de asistencia de las organizaciones del sector de la discapacidad en España.

"Las organizaciones de familias de personas con discapacidad tenemos un papel de apoyo necesario e imprescindible para los padres que vayan a tener un hijo con discapacidad. Solamente la información o el tratamiento clínico no aportan un apoyo suficiente ante estas situaciones", advierte.

En cuanto a la posibilidad de interrumpir el embarazo de un concebido con discapacidad si la mujer acredita que gestarlo le acarreará graves problemas psicológicos, el presidente de DOWN ESPAÑA afirma que el texto es "bastante claro" en ese sentido, pues, a su entender, "se permite el aborto ante situaciones bien acreditadas medicamente, que conlleven grave peligro para la vida y la salud de la mujer embarazada".

"Entendemos que ante situaciones de grave peligro para la mujer es justificado que pueda permitirse el aborto, también para un concebido con discapacidad, ya que en estos casos no hay pie a discriminación ninguna", afirma.

Respeto a la libertad de abortar legalmente

Cámara aclara que "en todo caso" DOWN ESPAÑA "respeta" la libertad de la mujer a abortar legalmente, "habiendo recibido la información suficiente, que le permita tomar una decisión partiendo de un conocimiento fundado de su situación".

Si bien ha indicado que para la redacción del anteproyecto el Ministerio de Justicia y Sanidad no se ha puesto en contacto con DOWN ESPAÑA, comenta que la disposición de la organización es "positiva" si el Gobierno requiere de su participación en el proceso de elaboración de la reforma.

Por último, Cámara recuerda que, desde 2008, esta entidad ha reivindicado que la nueva situación, consecuencia de la aprobación en España de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, requería una adaptación y una modificación de la legislación sobre el aborto para eliminar los aspectos discriminatorios que existían. "Seguimos manteniendo esa demanda", concluye.

A través de este enlace puede leerse el texto íntegro de este proyecto de ley.