30-09-2015

¿Qué está pasando con la educación en España?

Las autoridades educativas están dando soluciones alejadas de la inclusión.

El mes de septiembre ha traído la resolución, por parte de las administraciones pertinentes, de dos de los últimos casos de discriminación educativa a alumnos con síndrome de Down que DOWN ESPAÑA ha denunciado públicamente. Y lo cierto es que las soluciones que han ofrecido las autoridades son cuestionables, pues no se ajustan a los patrones de inclusión educativa que nuestro país está obligado a respetar, conforme se detalla en la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad.

Uno de estos casos sucedía en Cuenca durante este mismo año 2015. El otro es el de Rubén Calleja, el joven de León que fue segregado hace ya cuatro años, y que consiguió una gran repercusión gracias al enorme apoyo social que obtuvo. Detallamos a continuación cada uno de ellos:

• El caso de Cuenca

El pasado mes de julio DOWN ESPAÑA denunciaba un nuevo caso de segregación educativa de un niño con síndrome de Down en nuestro país. El menor se veía obligado por un dictamen de escolarización a abandonar el colegio ordinario en el que hasta entonces estudiaba y realizar el curso escolar 15/16 en un Centro de Educación Especial, en contra del criterio de los padres.

La familia no tardó en interponer un recurso de alzada contra la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla La-Mancha, que fue posteriormente desestimado. Este revés no detuvo a los padres del niño en su empeño por defender el derecho de su hijo a una educación inclusiva, tal y como recoge la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 24 y el ordenamiento jurídico español. Así, en agosto la familia presentó un recurso potestativo en el que impugnaba el proceso de escolarización del niño en un Centro Especial.

A mediados de septiembre, ante este nuevo recurso de la familia, la Consejería se pronunció emitiendo una resolución que proponía al menor realizar una fórmula mixta de escolarización revisable entre un centro ordinario y un Centro de Educación Especial. Una resolución que en la práctica implicaba que el niño fuese unos días de la semana a un colegio ordinario, y otros a uno de educación especial.

Una decisión que, según el presidente de DOWN ESPAÑA, José Fabián Cámara, “en ningún caso soluciona el problema que la misma Administración causó al discriminar al alumno apartándole de la educación ordinaria”. Cámara va más allá al afirmar que “esta propuesta lo único que va a hacer es empeorar la situación del niño, ya que no se basa en ningún criterio pedagógico, e impedirá al menor seguir un plan de estudios ordenado y constante”.

Para el presidente de la entidad, “forzar a un alumno a repartir su semana entre dos centros distintos es condenarle a no establecer un vínculo firme en ninguno de ellos, negándole su derecho fundamental a la inclusión”.

“Además -dice Cámara- al no ofrecer al alumno los apoyos que precise los días que acuda al centro ordinario, se le está segregando, poniendo trabas a su progreso académico y fomentando su aislamiento. En definitiva, dando argumentos a la Administración para tachar su comportamiento de disruptivo y justificar la necesidad de un Centro de Educación Especial”. “Parece una resolución salomónica a nivel administrativo para tratar de contentar a ambas partes, pero pasa por alto las necesidades y derechos del niño”, concluye el presidente de DOWN ESPAÑA.

Una opinión compartida por el abogado especialista en discapacidad y colaborador de DOWN ESPAÑA, Francisco González, quien menciona que “en este caso se han vulnerado los derechos del niño desde un principio, y la Administración ha querido arreglarlo modificando su decisión, lo que implica que reconoce que ha actuado mal en el procedimiento y en la resolución. Lo que sucede es que la opción que proponen para el menor parece hecha para salir del paso”.

La familia aceptó en un primer momento esta decisión para no perjudicar más aún la evolución del niño, ya que el curso acababa de comenzar y bajo ningún concepto querían dejar a su hijo sin escolarizar. Pero, recientemente, DOWN ESPAÑA ha conocido que se han decantado por que acuda únicamente al Centro de Educación Especial, al comprobar que es inviable y más perjudicial para su hijo asistir a dos centros distintos.

Francisco González insiste en que “la Consejería ha vulnerado el derecho a una educación inclusiva recogida en la Convención”, y recuerda que en nuestro país “las normas relativas a los derechos de las persona con discapacidad se deben interpretar siempre a la luz de lo que señala la Convención, tal y como recoge la Constitución Española”.

 

• Rubén calleja vuelve a las aulas

La historia de la lucha por la educación inclusiva de Rubén comenzó hace cuatro años. Por aquel entonces, Rubén era un niño con síndrome de Down que, al igual que muchos otros alumnos con esta discapacidad intelectual, estudiaba en un colegio ordinario donde se sentía integrado y compartía clase con compañeros sin discapacidad.

Todo iba bien hasta la llegada de un nuevo curso y la entrada de un profesor que comenzó a excluir a Rubén, segregándole y llegando a amenazarle. Una situación de indefensión que concluyó con un informe de la Delegación Territorial de Educación de León que determinaba que Rubén debía abandonar su colegio y ser escolarizado en un Centro de Educación Especial.

Sus padres, Alejandro y Lucía, contrarios a esta decisión, comenzaron entonces una cruzada para conseguir que se respetase el derecho de Rubén a estudiar en un colegio inclusivo. Reuniones con la Administración, reclamaciones a diversos organismos, e incluso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional… Todas ellas vías muertas, pues sólo recibían una negativa por respuesta en lo que es un claro ejemplo de regresión en materia de inclusión educativa en nuestro país. A pesar de ello, con la ayuda de DOWN ESPAÑA, la familia consiguió un enorme apoyo social, llegando a presentar ante la Consejería más de 150.000 firmas de apoyo.

En estos cuatro años de lucha para que no se vulnerasen los derechos fundamentales de su hijo, el niño sólo deseaba “volver a clase a estudiar con sus compañeros”. Mientras, la familia cubría las necesidades educativas de Rubén con personal cualificado y especialistas en pedagogía y psicología.

Pero la situación ha cambiado. Hoy, Rubén es un joven de 16 años que por fin puede decir que ha vuelto a clase. Y es que desde la semana pasada él es uno de los 7.409 estudiantes que iniciaron las clases en la modalidad de Formación Profesional. Lo hace en un ciclo de auxiliar de servicios administrativos que se imparte en DOWN LEÓN-AMIDOWN.

A pesar de que pueda parecer un paso atrás en su empeño porque su hijo se forme en un entorno inclusivo, los padres opinan que “es lo mejor para él”. Rubén es un joven que demanda seguir adelante con su formación, y hacerlo ya con vistas a un futuro laboral cada vez más próximo. De hecho, es el propio joven el que ha querido comenzar esta nueva etapa formativa en la asociación, en un ejercicio de autodeterminación con el que Alejandro y Lucía están de acuerdo: “este módulo le dará la oportunidad de obtener una cualificación profesional oficial y hacer prácticas que le facilitarán su futuro en un entorno laboral inclusivo”, comenta el padre. “Educación nos ofreció esta misma salida en un centro público, pero creemos que DOWN LEÓN-AMIDOWN es el mejor sitio, porque es donde le conocen y para él es un lugar de referencia», explica Alejandro.

La sonrisa de Rubén el primer día de clases delataba lo contento que está por ser uno más a todos los efectos, con un horario, tareas en sus cuadernos, y compañeros con los que compartir los descansos.

La vuelta a las aulas de Rubén ha sido también muy especial para sus padres, que, a pesar de la alegría, saben que “aún queda un largo camino para que se logre la verdadera educación inclusiva y que algo tan sencillo y evidente como cumplir la ley, un derecho humano fundamental, no sea negado por ninguna institución ni funcionario», señala Alejandro.

Ellos han allanado algo el camino de la educación inclusiva con la larga batalla que han librado, aunque al final su hijo no se beneficiará como hubieran deseado. “Hubiéramos deseado que nuestro hijo permaneciera en la escuela inclusiva, entonces hoy a lo mejor estábamos hablando de otro camino, pero a Rubén se lo han negado», comenta el padre.

En esta lucha han contado con el apoyo de entidades como DOWN ESPAÑA, SOLCOM, CERMI, la plataforma Change.org, y el Procurador del Común, así como de profesionales expertos en educación inclusiva como Miguel Ángel González Castañón, técnico de educación y psicólogo; Ignacio Campoy, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III; y Gerardo Echeita, profesor de Psicología Evolutiva en la Universidad Autónoma de Madrid.