La Ley 26/2015 entró en vigor el pasado mes de agosto, y es consecuencia de un largo proceso de diálogo entre las organizaciones sociales, las Comunidades Autónomas y los grupos parlamentarios, para llegar a consolidar una normativa “de las más importantes en términos sociales de los últimos años”, afirma el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso.

Gracias a ella, prevalecerá siempre el interés del menor en todo el ordenamiento jurídico español, de modo que será principio rector de los poderes públicos, y además, se establecerán estudios de impacto en la infancia y en las familias de las normas que resulten aprobadas. También destaca el refuerzo de la protección de los menores ante situaciones de violencia de género y de abusos sexuales, así como de malos tratos, y se subraya la atención y asistencia a menores de colectivos vulnerables, como los menores con discapacidad.

Respecto a estos últimos, se define la necesaria accesibilidad a materiales y servicios, así como a entornos, con los ajustes debidos que deban llevarse a cabo. También destaca el apoyo especializado en centros educativos que se otorga a los menores con problemas de conducta.

Facilitar el acogimiento y la adopción

La nueva normativa apuesta por las soluciones familiares para los casos de menores en tutela o en guarda por las administraciones. Con ella se agilizan los procesos de acogimiento, de modo que no será necesaria la intervención del juez; se concreta una nueva tipificación del acogimiento familiar, que incluye el acogimiento familiar de urgencia para menores de 6 años; se favorecerá que si son varios hermanos los que están en situación de ser acogidos, permanezcan juntos; y se crea el Estatuto del Acogedor, con sus derechos y deberes.

Dentro del acogimiento residencial, la legislación regula por primera vez los centros para menores con problemas de conducta, al tiempo que se dotará a cada menor de un plan individual de protección revisable cada 3 ó 6 meses. También se agiliza el trámite de adopción y se facilita el proceso que han de seguir las madres que entregan a sus hijos en adopción, reduciendo plazos y trámites

La nueva Ley establece criterios de aplicación en toda España, y ocurrirá así, por ejemplo, en la tipificación homogénea de los criterios de valoración de las familias acogedoras o en los elementos que componen el procedimiento de adopción. Los centros de acogimiento tendrán unos estándares comunes de calidad.

Esta mejora de la coordinación se plasmará también en la búsqueda de familias adecuadas para los menores si en su comunidad autónoma no se dan ofrecimientos con el perfil idóneo, según valoración de los servicios sociales correspondientes.

Otras novedades

Con la nueva normativa se enfatiza la prevención de situaciones de malos tratos y de violencia en todos los ámbitos. Así, frente a la violencia de género, los menores serán considerados víctimas directas. Otro de los aspectos trascendentales de la nueva Ley es la promoción de que los menores estén siempre con sus madres. Se amplía, por otra parte, la pensión de orfandad que perciban los menores, pues a partir de ahora accederán a la pensión completa.

La nueva legislación de protección de la infancia y la adolescencia prevé la creación de un Registro de Delincuentes Sexuales, que se está ultimando en estos momentos. La información contenida en dicho Registro será compartida con otros países para reforzar la prevención, y actuación, contra esta clase de delitos.

Otro elemento esencial de la legislación es que la pobreza no será elemento a tener en cuenta para establecer el desamparo, que se ceñirá especialmente a situaciones de maltrato al menor. Se recalca la modificación de la Ley de Familias Numerosas para evitar que pierdan el título hasta que el último de los hijos cumpla la edad de 21 años, o 26 si está estudiando.

Esta nueva legislación supondrá respaldo a muchas de las acciones que emprenden DOWN ESPAÑA y otras entidades que luchan contra la discriminación y abogan por la protección de los derechos de los menores. La normativa revisada ayudará a la Federación a defender los casos en los que los menores con síndrome de Down vean vulnerados sus derechos en entornos como la escuela o los servicios públicos, al tiempo que impulsará proyectos de DOWN ESPAÑA en beneficio del menor, como el programa de adopción y acogimiento “Padres que acogen”.

Aquí puedes descargar un PDF  con la normativa publicada en el BOE.