El 21 de noviembre vivimos un hecho histórico: el Pleno del Senado de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Esta modificación supone la eliminación la posibilidad de que, en los procedimientos de incapacitación legal, los jueces puedan privar del derecho de voto a determinadas personas por motivos asociados a su discapacidad, una situación que afecta a más de 100.000 personas en España.

“Estamos ante un hito histórico en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Una democracia jamás se podrá considerar como tal si impide el acceso al voto a todos sus ciudadanos. Estamos muy satisfechos del paso que han dado ambas cámaras para apoyar la reforma de una ley que dejaba fuera a las personas con discapacidad intelectual. Nuestra democracia ha ganado, todos hemos ganado”, valora el presidente de DOWN ESPAÑA, Mateo San Segundo.

 

 

Desde DOWN ESPAÑA recomiendan a las familias que tengan a algún miembro en esta situación que, para las próximas elecciones y una vez publicada la reforma en el BOE, estén atentos a las tarjetas censales que enviarán a su domicilio. En el caso de que no reciban la de su familiar con discapacidad intelectual, deberán reclamarlo.

Esta modificación surge de la movilización de entidades de la discapacidad como DOWN ESPAÑA, el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y Plena Inclusión, que celebraban en febrero de 2017 una concentración ante el Tribunal Constitucional con el lema #MiVotoCuenta. A raíz de esta concentración y a sugerencia del CERMI, la Asamblea de Madrid elevó una iniciativa legislativa, promovida por el Grupo Parlamentario Socialista y aprobada más tarde en el parlamento regional con el respaldo de todos los grupos políticos. En septiembre, la reforma de la ley superaba su primer paso legislativo con el dictamen favorable de la Comisión Constitucional de la Cámara baja y su posterior aprobación que tuvo lugar en octubre. Ahora, ha sido el Senado el que ha dado luz verde a esta modificación gracias a la cual, más de 100.000 personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual podrán votar en las próximas elecciones generales.