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Por otro lado, nos preocupa que se mejore y facilite la regulación, extensión y el apoyo económico al Empleo con Apoyo (inserción laboral de personas con discapacidad en entorno ordinario), evitando así las limitaciones que conlleva la inserción laboral en entornos protegidos y segregados (centros especiales de empleo). Hasta hoy, éstos han sido el modelo prioritario para la atención laboral a las personas con síndrome de Down en España, y en tres décadas, sólo se ha conseguido que una minoría de personas con síndrome de Down ejerzan un trabajo. Es posible cambiar esta realidad y conseguir que una mayoría de los jóvenes adultos con síndrome de Down tengan un papel laboral activo.

 

Solicitamos también que se empiece a dedicar financiación y recursos a la investigación del síndrome de Down en nuestro país (Alzheimer, cáncer, enfermedades autoinmunes, terapias génicas,…) y que, por consiguiente, evitemos la vergüenza de ser uno de los países desarrollados con mejor calidad y esperanza de vida de las personas con síndrome de Down y con menor financiación orientada a la investigación en esta discapacidad.

 

Otro de los puntos que consideramos fundamental es que se elimine la discriminación por discapacidad en nuestra actual legislación del aborto sobre la que Naciones Unidas ha alertado en varias ocasiones (2011 y 2019). Además, recordamos la necesidad de investigar los elementos eugenésicos y discriminatorios que mantienen los procedimientos prenatales en nuestro país, pues detectamos que existe una incoherencia culpable (se valora públicamente y de forma positiva a las personas con síndrome de Down, pero incoherentemente, se presiona a muchas de las madres y los padres para que éstas no nazcan cuando se dispone de un posible diagnóstico prenatal). En este sentido, pedimos que se ponga en marcha sin más dilación un Observatorio o un centro de Registro que permita tener datos estadísticos REALES y FIABLES sobre el síndrome de Down en España para ayudarnos a basar nuestras políticas en datos y evidencias (queremos que el síndrome de Down salga del oscurantismo estadístico al que estamos inmersos por falta de interés político en conocer su situación y cómo mejorarla).

 

Por último, y teniendo en cuenta que las mujeres con discapacidad sufren una doble discriminación: una por ser mujer y otra por su condición, entendemos que el Gobierno debe trabajar en eliminar dicha realidad, a través de medidas y políticas que fomenten la verdadera inclusión de las mujeres con síndrome de Down. Por ejemplo, consideramos prioritario suprimir la esterilización forzosa de personas con discapacidad, una práctica que se realiza sin el consentimiento de la persona afectada, teniendo en cuenta «su propio bien» y vulnerando así su derecho a decidir. También sería necesario establecer políticas que fomenten la igualdad en todos los ámbitos, como la educación, el ocio o la salud.  En definitiva, reivindicamos que la mujer con discapacidad opte a las mismas oportunidades que el resto y que su condición no sea un motivo más para sufrir discriminación de ningún tipo.

 

Desde la Federación, consideramos estas líneas de actuación básicas para seguir avanzando en la inclusión de las personas con síndrome de Down de nuestro país en todos los ámbitos y etapas de sus vidas, así como para garantizar sus derechos y los de sus familias. Por ello, nos ponemos a disposición del nuevo Gobierno para trabajar juntos en aquellas políticas que avalen y respalden una mejora de la calidad de vida de las personas que forman parte del colectivo.